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La Prensa al día

EDITORIAL NUMERO 26

Editorial numero 26

EDITORIALHemos seguido muy de cerca la evolución del llamado Caso Villarejo en lo que se refiere a los pagos realizados por el BBVA al comisario jubilado, Sr. Villarejo, y a las posibles escuchas telefónicas presuntamente realizadas por dicho comisario, al parecer, por encargo del BBVA.

El tema se ha ido complicando a lo largo de los últimos meses.

Desde que, el pasado 24 de mayo el BBVA hiciera públicos los informes de dichos pagos realizados por el Banco y el anuncio de la apertura de una investigación interna, hasta que, en el pasado mes de enero la Fiscalía Anticorrupción decidiera actuar de oficio en este caso y la apertura de una causa en el Juzgado Central de Instrucción número 6 cuyo titular es el juez García Castellón, han pasado muchas cosas y ninguna buena para el Banco.

En nuestra intervención en la Junta General del BBVA, del pasado 15 de marzo, no podíamos pasar por alto un tema de esta importancia.

Pero tampoco podíamos entrar en las cuestiones de fondo porque los hechos estaban siendo investigados por el juzgado central número 6 de Instrucción, del juez García Castellón.

Pero sí podíamos incidir en un tema muy preocupante: ¿cómo es posible que hayan fallado todos los controles internos?

Por eso, dirigimos nuestras preguntas en la Junta a la persona que consideramos como máximo responsable de la vigilancia de los riesgos que puedan afectar a la reputación del Banco: la Comisión de Auditoría y Cumplimiento del Consejo, cuyo presidente es D. José Miguel de Andrés Torrecillas, que es también el coordinador de los consejeros independientes.

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento junto con la coordinación de consejeros independientes constituyen un verdadero contrapoder frente al ejecutivo, lo que los anglosajones definen como “checks & balances y a la que los estatutos le dan muchas atribuciones, pero también muchas responsabilidades.

Por eso, dirigimos muestras preguntas directamente al Sr. de Andrés Torrecillas, quien, por deferencia del Presidente Sr. Torres, nos dio su respuesta.

Respuesta que no fue en absoluto convincente, ya que nos respondió diciendo que: “que a raíz de las noticias que aparecieron en los medios de comunicación en enero de 2019, en concreto a partir del día 9 de enero, en mi condición de presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento convoqué el día 9 de enero una reunión extraordinaria de la comisión que se celebró el día 18 de enero”.

Pero una vez que el Banco anuncia una investigación interna, en junio de 2018, al Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento le correspondía  haber tomado la iniciativa y no contentarse con  una investigación interna organizada por el propio Presidente D. Francisco González, presunto implicado en el objeto de dicha investigación.

Suya, la de D. José Miguel de Andrés Torrecillas, es la responsabilidad de la inactividad de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, desde junio de 2018.

Por esta razón, por carta remitida al Presidente del Banco, D. Carlos Torres, el 29 de marzo pasado, le hemos pedido que cese al sr. de Andrés Torrecillas como presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y su cese también como coordinador de consejeros.

El gravamen de las pensiones por IRPF

Otro tema al que estamos dedicando mucha atención es al gravamen de las pensiones por el IRPF.

El fondo del asunto es el siguiente: desde el punto de vista de la fiscalidad de las pensiones, las aportaciones que realizaron los trabajadores en su vida laboral, fueron deducibles del IRPF, excepto las cuotas satisfechas a las mutualidades.

De este modo, al incluir ahora el importe total de la pensión en el IRPF, como renta de trabajo, esas cuotas satisfechas a las mutualidades estarían siendo objeto de una doble imposición, ya que en su momento no fueron consideradas deducibles de dicho impuesto.

Recientemente, el Tribunal Administrativo Central ha dictado una sentencia que reconoce esta circunstancia que puede ser aplicable a los empleados de banca.

En este sentido, os hemos venido informando de la posibilidad de desgravar una parte de la pensión, incluso con efecto retroactivo.

Para facilitaros el procedimiento de reclamación, además de informaros con detalle del proceso a seguir, negociamos los servicios de una asesoría fiscal, Asconsult, con la que pactamos, a un precio muy favorable, sus servicios para la gestión de las reclamaciones. 

A esta fecha, más de 90 socios de Uniter han acudido al despacho fiscalista a través nuestra, y muchos más lo han hecho directamente con la Agencia Tributaria.

Las resoluciones han sido tan discrecionales como se pueda uno imaginar.

Hay lugares, como en Coruña, en la que todas las resoluciones que conocemos, más de 8, son positivas.

Y otros lugares, como en un par de agencias de la AEAT en Madrid, en la que todas las reclamaciones han sido desestimadas con lo que los reclamantes han tenido que empezar a recorrer el camino de los recursos.

Uno de los problemas a los que nos hemos enfrentado en este proceso, ha sido la dificultad de encontrar un certificado del Banco que satisficiera los requerimientos de la AEAT.

No hay que olvidar que en BBVA hay casi una veintena de procedencias bancarias, de muchas de las cuales no hay datos accesibles.

Debemos reconocer aquí la buena voluntad y el esfuerzo de los compañeros de Administración de Personal para llegar a concretar un certificado que debería ser suficiente, caprichos funcionariales aparte, para lograr los fines que se persiguen. Seguimos trabajando en este tema.

En otro orden de cosas, estamos preparando la organización de un viaje a tierras extremeñas, con posibilidad, si hay número suficiente de solicitudes, de organizar salidas desde diferentes ciudades y en diferentes fechas. Os tendremos informados.

Madrid, abril de 2019